Un juez decreta la libertad de cinco acusados de introducir cocaína en el puerto por un incidente procesal

Cinco acusados de introducir 303 kilogramos de cocaína en el puerto de Valencia, ocultos en dos contenedores de mercancía, han quedado hoy en libertad provisional al verse un juez obligado a suspender el juicio y devolverlo a su fase de instrucción por la revelación de nuevos datos.
Durante la vista oral por estos hechos, prevista para hoy en la Sección Tercera de la Audiencia de Valencia, uno de los acusados reveló que la empresa que contactó con él para que retirara los contenedores del puerto no era la que aparecía en el relato de hechos, "Intertranscom", sino otra diferente, "Suministros Famar".

Tras comprobar la existencia de esta mercantil y de la persona que supuestamente le llamó para que gestionara la salida de la droga, el presidente del tribunal tuvo que suspender el juicio para devolver la causa a su fase de instrucción e investigar estos nuevos hechos, lo que se conoce como incidente procesal.

El plazo de prisión provisional de los acusados estaba a punto de expirar, por lo que el juez ha decretado su puesta en libertad.

Según el relato de hechos elaborado por el Ministerio fiscal, tres de los acusados, D.G., I.Z. y O.B., de nacionalidad rusa, crearon una empresa de importación y adquirieron dos contenedores con 2.400 latas de palmitos que fueron cargadas en el puerto de Buenaventura de Colombia, 600 de las cuales contenían cocaína.

Los contenedores salieron del citado puerto el 27 de abril de 2005 y, tras ser transbordados a diferentes buques en Panamá y Algeciras, llegaron a Valencia el 19 de mayo.

Alertados por "lo raro" que resultó el último transbordo de la mercancía, agentes de la Guardia Civil ordenaron la retención de los contenedores para examinarlos, continúa el fiscal.

El 6 de junio, mediante un examen de rayos X, detectaron en su interior 50 cajas de una densidad distinta al resto de la carga, por lo que abrieron las 600 latas que había en cada una de ellas y encontraron un total de 303 kilogramos de cocaína, valorada en unos 10 millones de euros.

Supuestamente, el 24 de mayo, I.Z. remitió un fax público al acusado A.B.R., de nacionalidad española, en el que le autorizaba a retirar los contenedores y adjudicar su comercialización al quinto acusado, J.M.P.P.

Al ser interrogado por el fiscal, el procesado A.B.R. ha negado este extremo y ha asegurado que fue el gerente de la empresa "Suministros Famar" quien le llamó para que sacara la droga del puerto, amenazándole de muerte para que no pudiera negarse.

Ante esta revelación, el juez ha comprobado la existencia de esta empresa y ha suspendido la vista oral, decretando la libertad de los acusados y remitiendo de nuevo el proceso a su fase de instrucción.

El Ministerio Fiscal solicitaba 17 años de prisión para los tres inculpados de nacionalidad rusa por un delito contra la salud pública y otro de falsificación de documento mercantil, y sendas penas de 15 años para los dos españoles.