Una disputa entre juzgados paraliza una causa por 500 kilos de hachís

Entre los detenidos en la operación Joya hay un conocido narco de Poio y varios gallegos

El tribunal vigués se inhibió en favor de San Clemente, en Albacete, pero éste no aceptó el caso

En marzo de hace tres años, la Udyco asestó un golpe a una red que supuestamente introducía en Galicia sustancias estupefacientes desde la Costa del Sol. Fueron intervenidos más de quinientos kilos de hachís y una pequeña cantidad de cocaína, mientras que en la nómina de detenidos figuraban Valentín Outón Mora, del clan de los Butaneros, así como otro vecino de Poio y dos hermanos vigueses.

Aquella operación, según informó la policía nacional, fue tutelada por el Juzgado de Instrucción número cinco de Vigo.

Han pasado casi tres años y las fuentes consultadas señalaron que la instrucción está paralizada por lo que parece ser es una disputa sobre competencias entre este juzgado y su homólogo de San Clemente, en Albacete. Al parecer, con posterioridad al operativo, el tribunal olívico se inhibió en favor del albaceteño al considerar que debía asumir la instrucción de la causa.

Sin embargo, el juez titular de San Clemente decidió no aceptar el procedimiento. Argumentó que había sido el vigués el que primero tuvo conocimiento de la investigación y, por tanto, de la posible comisión de un delito contra la salud pública.

En la actualidad, el proceso se encuentra en stand by y no se descarta que sea el Supremo el que tenga que tener la última palabra para resolver esta cuestión, tal y como ocurrió recientemente en el marco de una causa contra la difusión de pornografía infantil a través de Internet.

En aquella ocasión, dirigido por el juez de Caldas, la Guardia Civil detuvo a diecinueve personas en distintos puntos del territorio nacional. Fue la operación Cerbero.

Precedente del Supremo

Tras tomar declaración a los arrestados, el juez decidió inhibirse en favor de otros tribunales con competencia en las localidades de residencia de los sospechosos. Todos aceptaron, excepto un juzgado burgalés que, al contrario de lo que sostenía el de Caldas, entendió que «hubo acuerdo tácito entre los presuntos autores», al tiempo que sostuvo que fue el juzgado pontevedrés el que primero tuvo conocimiento del proceso.

El alto tribunal, por un lado, dio la razón al juzgado caldense -sostiene que no hay «indicio de codelincuencia o concierto delictivo»-, pero, por otro, resolvió que fuera este órgano judicial el que siguiese con la instrucción. En este punto, argumentó que la jurisprudencia vigente determina que el juez que «primero haya iniciado las actuaciones procesales será, en principio, competente para la instrucción de la causa».