miércoles, 7 de febrero de 2007

Condenado a cuatro años el acusado de vender rayas de cocaína a gritos

La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 5.000 euros a un joven 21 años acusado de un delito de tráfico de estupefacientes, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

Según afirma la sentencia condenatoria, la Audiencia considera probado que sobre las dos de la mañana del día 13 de agosto de 2005, el imputado se encontraba cerca de las inmediaciones de una discoteca de Platja den Bossa ofreciendo a los transeúntes «rayas de cocaína a tres euros». Cuando fue sorprendido por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, el imputado se dio la vuelta y lanzó al suelo un estuche de piel sintética que contenía en su interior tres bolsitas de MDMA en forma de cristal, cuatro bolsitas de plástico con cocaína y otra bolsita con 32 pastillas de anfetamina. Asimismo, en el interior del teléfono móvil del acusado los agentes encontraron un cartón precortado en diez cuadraditos de LSD. Durante el registro posterior que los policías realizaron al coche del imputado encontraron 102 anfetaminas, quince bolsas de cocaína y 19 bolsas con MDMA. La valoración total de la droga ascendía a los 2.600,90 euros. La sentencia contempla como atenuante la drogadicción del acusado y que cometió el delito con sus facultades afectadas por la ingesta de drogas de aquella noche.

Sin embargo, en la sentencia la Audiencia Provincial reseña la gravedad de su actuación, a la llaman «doble conducta ofensiva», ya que el imputado favoreció o facilitó el consumo y poseía una droga destinada a la venta, a pesar de que durante el juicio el acusado afirmó que él y su grupo de amigos habían comprado la droga en Valencia para consumirla durante el fin de semana que pasarían en Eivissa.

En la sentencia también se hace referencia a que el acusado es «uno más de los muchos vendedores de drogas que pueblan las discotecas de Eivissa en verano como es tristemente notorio» y que «existe una demanda social de reprimir tales conductas con los medios legales adecuados, como es la condena de este imputado, por encima de la mínima legalmente establecida pero dentro de la previsión legal aplicable al caso».

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