Desde hoy, los extranjeros quedarán "fichados" en Japón

Los extranjeros van a ser fichados a su llegada a Japón, donde desde este martes se toman sus fotografías y sus huellas dactilares por una nueva medida antiterrorista que despertó la protesta de abogados y activistas nipones.

La revisada Ley para el Control de la Inmigración y los Refugiados, que entró en vigor este martes, obligará a tomar los datos biométricos a siete de los ocho millones de extranjeros que viajan cada año a este país, a su llegada a 27 aeropuertos y 126 puertos.

Japón se ha convertido así en el segundo país tras Estados Unidos que introduce un sistema para recolectar datos biométricos de todos sus viajeros foráneos, a excepción de menores de 16 años, visitantes diplomáticos, invitados del Gobierno y residentes permanentes con un permiso especial, generalmente coreanos y taiwaneses.

El objetivo alegado por el Gobierno japonés para endurecer las leyes de inmigración es la necesidad de reforzar la seguridad nacional y luchar contra el terrorismo internacional.

Pero colegios de abogados y asociaciones defensoras de los derechos humanos denuncian que los datos biométricos podrán ser utilizados en cualquier tipo de investigación criminal y creen además que la eficacia de las nuevas medidas será muy limitada.

"Esta nueva ley viola la intimidad de los extranjeros, puede conducir a la discriminación contra ellos y además va más allá de una mera medida antiterrorista", aseguró este martes a Efe Mitsuru Namba, del comité de derechos humanos de la Asociación de Abogados de Japón.

En su opinión, "si realmente fuese una medida contra los terroristas, las autoridades deberían borrar los datos recolectados una vez confirmen que no lo es, pero realmente van a ser usados para el control de los extranjeros y para la investigación criminal".

La "lista negra"
El procedimiento para fichar a los extranjeros en Japón, un país que no exige visado previo, es sencillo, si bien su puesta en marcha en todo el país ha costado 3.600 millones de yenes (unos 33 millones de dólares, 22,5 millones de euros).

A la llegada al control de pasaportes en Japón, a partir de este martes se pide al visitante foráneo que ubique sus dos dedos índices en una pequeña máquina que procesa sus huellas dactilares y toma su foto digital.

Esa información se envía de inmediato a una base de datos del Ministerio de Justicia, donde se contrasta con una "lista negra" con datos del propio Gobierno, Interpol y otros organismos, que incluye los nombres de cerca de 900.000 ciudadanos buscados en el mundo.

En caso de que se detecte algún problema, el visitante será interrogado por un responsable de inmigración y, si se opone a pasar por este trámite, será devuelto de regreso a su país.

En Narita, el aeropuerto internacional de Tokio, este martes se apreciaba malestar entre los turistas que estrenaron el nuevo sistema, aunque algunos, como la canadiense Lucy Chasse, de 61 años, declaraban a la agencia Kyodo que este tipo de medidas son necesarias para garantizar la seguridad.

Críticas a las intenciones niponas
La policía nipona asegura que, de haber estado en marcha este sistema con anterioridad, habrían capturado a un terrorista de Al Qaeda que entró por lo menos seis veces en Japón durante cuatro años hasta que fue detenido en Alemania en 2003.

Pero los críticos alegan que esta nueva medida no sólo invade la intimidad, sino que será ineficaz porque las autoridades japonesas carecen de capacidad suficiente para procesar la información.

Y, ante los argumentos del Gobierno de que la medida busca reforzar la lucha contra el terrorismo internacional, afirman que el verdadero objetivo es reducir el número de foráneos que permanecen en Japón pese a que ha caducado su visado (7.000 al año) y controlar a todos los extranjeros.

Sonoko Kawakami, de Amnistía Internacional, aseguró a Efe que el Gobierno de Japón se está "aprovechando de la excusa del terrorismo" para actuar de forma "discriminatoria" contra los extranjeros.

"Esta nueva ley permite al Gobierno controlar a los individuos extranjeros y puede acabar provocando su aislamiento en algunas comunidades", apuntó Kawakami tras participar en una manifestación de 50 personas ante el Ministerio de Justicia contra esta norma.