Plan México: ¿Un nuevo paradigma de seguridad?

En una declaración conjunta, el 22 de octubre, de los presidentes de Estados Unidos y México, se hizo una petición al Congreso norteamericano para que aprobara un aporte de US$ 500 millones para 2008, que será usado por el gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones de crimen organizado, que operan en la frontera común entre ambos países.

Este aporte también irradiará hacia los países centroamericanos, a los cuales para el mismo año, se les espera aportar US$ 50 millones, en la misma dirección de esfuerzo. Todo esto enmarcado en un plan plurianual, que desembolsará un total planificado de US$ 1.400 millones de dólares.

Esta nueva iniciativa regional, entre el gobierno de Estados Unidos y países del espacio centroamericano, buscan mejorar la cooperación multilateral entre las agencias de seguridad estadounidenses y mexicanas, y entre las estadounidenses y el SICA (Sistema de Integración Centro Americana), atendiendo al diagnóstico de desbordamiento de las estructuras estatales que ha realizado el crimen organizado y el narcotráfico, que inunda al conjunto de la sub región en un clima de violencia.

En México, alrededor de 2000 muertes al año están vinculadas al tráfico de drogas, y unos 30.000 militares ya están desplegados por el territorio nacional para combatir a los poderosos carteles, lo que posesiona al país en un verdadero estado de guerra contra el narcotráfico.

Según datos, alrededor del 90 % de la cocaína que llega a Estados Unidos procedente de Sudamérica pasa por territorio mexicano; al igual que entre un 30 y 40 % de la heroína consumida en el mercado estadounidense procede de México. Que también es el principal exportado de marihuana.

En cuanto a los datos de muertes violentas vinculadas al narcotráfico, éstas pasaron de 3,3 por día en el año 2004 a 6 por día en el año 2007. También son muy impactantes las formas de muerte, que se caracterizan por una imagen horrorosa, asumiendo figuras de decapitaciones, asesinatos en plena vía pública, exposiciones de cuerpos en descomposición en barriadas, junto al uso creciente de armas de grueso calibre, automáticas y granadas.

Se estima que las ganancias anuales de los carteles fluctúan en alrededor de 50.000 millones de dólares. Esta enorme cantidad de recursos, es destinada en una parte importante a la maquinaria delictiva, entre ella la necesidad de la corrupción de organismos claves del aparato estatal, vinculados en su lucha, como es el poder judicial, la policía, funcionarios de gobierno. Lo que se suma al aspecto intimidatorio de otros sectores, entre ellos claramente la policía y la prensa.

Una nueva estrategia del presidente Calderón ha sido la utilización de las fuerzas armadas en esta lucha, desplegando por el país, alrededor de 30.000 efectivos. En la misma dirección estuvieron las recientes declaraciones del presidente electo de Guatemala, que aseguró una predisposición a encargar a las fuerzas armadas tareas en la lucha contra el crimen organizado y el pandillismo. Sin embargo los peligros están al acecho, como lo denuncia la organización estadounidense Consejo para Asuntos Hemisféricos, que señala que un número considerable de ex oficiales del ejército han pasado a formar parte de las unidades armadas de la propia organización de carteles. Como ellos mismos dicen “se está llevando el conflicto a nuevos niveles de violencia en el que tácticas, equipos y armamentos militares están siendo utilizados en una guerra sin cuartel entre el estado mexicano y el estado paralelo conformado por los carteles de la droga”.

Del mismo modo ha levantado suspicacias en distintos actores nacionales y extranjeros, el hecho que la solicitud del gasto en el Parlamento estadounidense, que comprende US$ 1.400 millones en tres años, se hizo como parte del gasto suplementario para la guerra en Irak y Afganistán, que según palabras del comunicado de prensa de la Casa Blanca del 22 de octubre, citando al Presidente George Bush dice “cooperación en materias de seguridad …para combatir las amenazas del narcotráfico, la delincuencia transnacional y el terrorismo en el Hemisferio Occidental”. Según propios congresistas demócratas del Parlamento, el hecho que estos fondos estén incluidos en la ley suplementaria para gastos de guerra contra el terrorismo, pueden complicar su aprobación.

La combinación de esta nueva trilogía por parte del gobierno de George Bush, una vez más genera espacios de confusión y súper posición en temas de seguridad interna de los países, para los cuales se disponen de medios y recursos que no están capacitados para esa peculiaridad, donde siempre queda trazada una feble frontera con el respeto y cuidado por los derechos humanos de los sectores más precarizados y marginales.

Lamentablemente se impone la visión securitizada de Estados Unidos, sobre estos nuevos riesgos, llevando a una militarización de la seguridad pública e interna, con asignación de estas nuevas misiones a las fuerzas armadas de la región. Tienden nuevamente a direccionar esfuerzos geopolíticos en base a este desafío, que pueden significar un nuevo período de tensiones sociales y políticas, con desbordes de violencia institucionalizada, esta vez bajo el amparo de la ley, de gobiernos que no han podido dar respuesta más integrales a las enormes brechas económicas y de justicia social.

La otra arista de este flagelo societal que es el narcotráfico y el crimen organizado, está configurado por el tipo de respuesta que se ha concretizado por los gobiernos. Como dice el Secretario adjunto para el Hemisferio Occidental del gobierno estadounidense, Thomas Shannon, ante la Cámara de Representantes el recién pasado 14 de noviembre, refiriéndose a la relación con México: “No se trata de un pedido "tradicional" de ayuda exterior. Es, como señala nuestra declaración

conjunta, "un nuevo paradigma para la cooperación en materia de seguridad". Y si todavía quedan asomos de duda, remata con su visión regional: “Combinado con el empuje que le hemos dado a la lucha contra el tráfico de drogas y el flujo de otros bienes ilícitos en otros lugares de la región, la Iniciativa de Mérida representa un esfuerzo para integrar los programas de seguridad desde los Andes, a través del istmo de América Central y hacia México, hasta la frontera del sudoeste de Estados Unidos.”

En nuestra memoria reciente, los latinoamericanos, tenemos nefastas experiencias de coordinación en materias de “seguridad”, con sobre actuación de las fuerzas armadas y precarios sistemas de transparencia y legalidad democrática.

Ojalá no estemos ante una nueva coyuntura de desbordes autoritarios y de institucionalización estatal de la violencia.