La denuncia de un internauta de Baena hace caer una red nacional de pedofilia

La denuncia de un internauta de Baena ha sido la clave para que la Guardia Civil haya conseguido desmantelar una importante red nacional que se dedicaba a la corrupción de menores y a la distribución de pornografía infantil. Según informó ayer el instituto armado, a mediados del pasado mes de febrero, el internauta de Baena presentó una denuncia porque al acceder a un programa de intercambio de archivos a través del sistema peer to peer (P2P) descubrió que en uno de ellos se encontraban camuflados vídeos de alto contenido pedófilo. En concreto, el internauta descubrió cómo dos mayores abusaban sexualmente de una niña de sólo cuatro años.
El caso pasó a manos de la Unidad de Delitos Informáticos de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, mientras el Juzgado de Primera Instancia de Baena se hacía cargo de la instrucción de las diligencias policiales. Poco a poco, los agentes fueron poniendo al descubierto una amplia y activa red de personas con residencia en España que se intercambiaban y accedían a este tipo de archivos de un alto contenido pedófilo, según explicó el instituto armado. De hecho, el cierre de la investigación -denominada operación Diana- ha concluido con la detención de 14 personas y la imputación de otras 20 acusados de ser autores de delitos de corrupción de menores y posesión de pornografía infantil.
Después de meses de investigación, los agentes localizaron la ubicación de los equipos informáticos desde los que se accedían a los archivos de alto contenido pedófilo. Fue entonces cuando se desató un dispositivo especial en el que participaron más de 150 guardias civiles de toda España que trabajaron de forma simultánea en 21 provincias. En pocas horas, la Guardia Civil llevó a cabo 41 registros domiciliarios, arrestó a 14 personas e intervino distinto material informático en el que estaban almacenadas más de un millón de imágenes en las que aparecían menores de los que se abusaba sexualmente.
Todos los detenidos e imputados han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Baena. Según han informado fuentes de la Guardia Civil, entre los 14 arrestados destaca un cámara de una televisión local de Avilés (Asturias) y un profesor de informática de un ayuntamiento. El cámara detenido -que responde al nombre de Alejandro A. y que tiene 26 años- fue arrestado el pasado martes, cuando se desarrolló de forma más importante todo el operativo.
Además, las mismas fuentes han detallado que cinco de los detenidos han sido arrestados en Andalucía (dos en la provincia de Málaga, otros dos en Sevilla y uno en Cádiz). Aparte, otros dos implicados residen en Gijón y el resto en las provincias de Tenerife, Valencia, Murcia, Gerona y Vizcaya. En Málaga, efectivos del Equipo Mujer Menor (Emune) de la Comandancia de esta provincia realizaron diversos registros en los que se intervinieron de soportes informáticos. Aunque el volumen de imágenes que se han descubierto en las computadoras no es muy elevado, su contenido sí es muy vejatorio y violento, según ha podido saber el Día.
Entre los 20 imputados por los mismos delitos, hay tres en Madrid, otros tres en Valencia, dos en Barcelona, otros tantos en Logroño y dos más en Santander. La Guardia Civil ha dado por cerrada esta operación, en la que también han tomado parte una treintena de secretarios judiciales y funcionarios de los distintos partidos judiciales, que acompañaron a los agentes durante los registros domiciliarios y también durante las detenciones de los principales acusados de formar parte de esta red nacional de distribución de pornografía infantil. Pese a que la operación se ha dado por cerrada, la Guardia Civil continúa analizando todas las imágenes y todos los equipos informáticos que ha requisado en el transcurso de esta investigación contra la pornografía infantil.
Por otra parte y aunque el encargado de la instrucción es el Juzgado de Baena, todos los detenidos podrán prestar declaración en sus diferentes partidos judiciales. De momento, los 14 arrestados permanecen detenidos en las distintas comandancias a las que han sido trasladados a la espera de poder prestar declaración. Una vez instruidos todos sus testimonios, será el Juzgado de Baena el encargado de decidir si los priva de libertada de forma preventiva o por el contrario los pone en libertad con o sin cargos.