Un descuido judicial provoca la nulidad de parte de la 'Operación Vikingo'

Un descuido judicial en la instrucción de la llamada 'Operación Vikingo', en la que se incautaron 50 kilos de hachís, 32 gramos de cocaína, varios vehículos, diverso armamento (armas de fuego y blancas) y más de 55.000 euros en metálico, ha provocado la anulación de parte de la causa, decisión de consecuencias imprevisibles para los 15 acusados.

La sección primera de la Audiencia, que desde ayer enjuicia el caso, acordó anular una intervención telefónica ordenada por el Juzgado de Instrucción número 1 al comienzo de la investigación porque al juez se le olvidó firmar el auto, y ni siquiera llevaba la rúbrica del secretario judicial.

La ausencia de firma convierte el escrito en un «auto presunto. Se trata de un impreso que no tiene virtualidad alguna», dijo el presidente del tribunal, Javier de la Hoz, atendiendo las alegaciones de los abogados. El presidente declaró ayer mismo la nulidad del 'pinchazo' acordado en esa diligencia y de todas las pruebas derivadas de la intervención. Ahora las defensas y el Ministerio Fiscal tendrán que concretar en sus informes finales qué pruebas han quedado contaminadas por el auto anulado, pero será el tribunal cuando dicte sentencia quien determine el alcance de la nulidad. La representante del Ministerio Fiscal se opuso a la nulidad al considerar que el despiste del juez al olvidar firmar el auto de intervención es «una mera irregularidad».

El auto en cuestión, fechado el 27 de septiembre de 2005, autorizó a la Policía a intervenir cinco teléfonos móviles. Uno de ellos corresponde a uno de los 15 acusados, pero el resto pertenecía a otras personas para quienes la causa fue archivada finalmente. No obstante, la influencia de la nulidad acordada ayer será determinada por el tribunal en la propia sentencia y requerirá un estudio pormenorizado del procedimiento.

Uno de los abogados defensores señaló, en declaraciones a este periódico, que se trata de una «victoria pírrica» ya que, a su juicio, su repercusión será escasa.

La 'Operación Vikingo' se montó en agosto de 2005 para desmontar una banda de 'narcos' de intensa actividad que operaba en Santander, Maliaño y El Astillero y que, según el fiscal, estaba liderada por los santanderinos Ricardo B. C. e Iván T. P., de 27 y 22 años. Para el fiscal, ambos habían montado una estructura para la adquisición y venta de hachís, sustancia que habitualmente adquirían en el sur de España, para lo cual se desplazaban a Cádiz por vía área. Allí contactaban con Andrés L. J., de 31 años, que actuaba de intermediario entre los 'jefes' y distintos proveedores. Manuel S. G., otro de los imputados, cooperaba con los 'cabecillas' en los viajes al sur junto a David Z. B. En Cádiz compraron a Lahcen S. un alijo de hachís, quien acudió a Cantabria junto a los anteriores para controlar su distribución.

La droga era traslada hasta Santander en dos vehículos de alquiler (la 'lanzadera' y el 'transporte'). El fiscal implica en las operaciones de venta de hachís a Oscar E. S., a Iván T. A., a Vanesa B. G., novia de uno de los 'jefes' y en cuyo domicilio éste guardaba el dinero necesario para adquirir los lotes de hachís y las ganancias.

De acuerdo con la tesis del fiscal, la red tenía otra ramificación, liderada por Jesús Manuel L. B., alias 'Chuchi', de 27 años, dedicada al tráfico de cocaína. Estaba integrada por seis personas, entre ellas el miembro del 'clan de los Charlines' Gabriel Ch. P. y cuatro integrantes de una misma familia santanderina (dos hermanos, una tía y la abuela, ya fallecida), que introducían la droga procedente de Galicia.

Esta es la acusación que los quince imputados que ayer se sentaron en el banquillo rechazaron en su integridad. Los que declararon. Porque tras el giro dado al juicio por la nulidad del 'pinchazo' telefónico, diez de los acusados se acogieron a su derecho a no declarar o respondieron únicamente a las preguntas de su letrado. El juicio continúa hoy con la prueba documental y la declaración de testigos.