La Guardia Civil desarticula una red que introducía inmigrantes en el país con contratos falsos

Los desalmados que extorsionan, estafan, abusan y engañan a los extranjeros que anhelan llegar a España en busca de la tierra prometida, o por lo menos de un trabajo digno, cada vez lo tienen más complicado para urdir sus tramas y llevarlas hasta el final. Buena prueba de ello es la relevante operación iniciada y efectuada por la Guardia Civil de Segovia, que ha permitido el desmantelamiento de una red nacional dedicada a la falsificación de contratos laborales que vendían a inmigrantes, muchos de los cuales no llegaban ni a pisar el puesto de trabajo.
La 'operación Pasarela' ha dado al traste con una importante banda organizada y coordinada de empresarios e intermediarios. Son once personas las detenidas por la Guardia Civil, siete de ellas en Segovia. Los otros cuatro arrestos se han realizado en la provincia alicantina, Navarra y Murcia, según informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno segoviana. Pero los tentáculos delictivos de esta red se extienden a otros puntos de la geografía española, como Madrid, Ávila, Salamanca, Zamora y Palencia. De ahí la envergadura de la operación llevada a cabo por los efectivos de la Comandancia provincial, en lo que es posiblemente el golpe más importante asestado por el Cuerpo Armado segoviano a las redes dedicadas a la inmigración ilegal.
Los once detenidos con los que se ha saldado de momento la 'operación Pasarela' formaban parte de una activa red que supuestamente se dedicaba a la falsificación de contratos de trabajo, sobre todo en la provincia segoviana. La banda habría tramitado de manera ilegal unos cuatrocientos empleos fraudulentos para inmigrantes en los últimos tres años.
Las investigaciones se iniciaron en diciembre del año pasado, cuando la Guardia Civil de Segovia detectó numerosos contratos irregulares que estaban realizando algunos industriales de la construcción a ciudadanos extranjeros, inmigrantes que hipotecaban sus vidas en sus países de origen con créditos y préstamos para poder comprar su 'pasaporte' para España, es decir, un trabajo y el ansiado permiso.
Pago previo
Una vez aquí, se encontraban con que no tenían el empleo comprometido por sus captadores. De hecho, la mayoría de las víctimas no pisaron la obra, ni conocieron nunca a su supuesto empleador, ni siquiera la sede de la empresa para la que iban a trabajar.
Las primeras pesquisas revelaron que las personas 'contratadas' habían tenido que pagar importantes cantidades de dinero en sus países de origen para conseguir esos trabajos. Lo habitual es que el desembolso se hiciera en la moneda nacional del país de procedencia.
La Benemérita tiró de este hilo investigador hasta averiguar que tres empresarios residentes en Segovia -uno español, otro ecuatoriano y un tercero marroquí- estaban obteniendo importantes beneficios facilitando empleos a inmigrantes, la mayoría de ellos de Marruecos. La Guardia Civil detectó también que otros ciudadanos búlgaros, colombianos y ecuatorianos habrían obtenido sus permisos de la misma forma.
Ante las sospechas de una trama de más envergadura y de una cantidad de afectados muy elevada, el Cuerpo Armado pasó a investigar si la red operaba a mayor escala en más provincias españolas y abrió otra línea de actuaciones para descubrir posibles ramificaciones de la banda. Así, estableció nuevos dispositivos que han culminado con las once detenciones.
La Guardia Civil también ha localizado a 31 posibles víctimas de este delito de falsificación de contratos de empleo: 27 de origen marroquí, dos colombianos, un búlgaro y un ecuatoriano.
La subdelegada del Gobierno, María Teresa Rodrigo, ha destacado las dificultades superadas por la Guardia Civil para desarticular la coordinación existente entre los diferentes implicados en esta trama delictiva, que abarcaba desde la captación de los inmigrantes en sus propios países de origen, hasta el cobro del dinero pactado para venir a trabajar a España, cantidades que oscilaban entre los 6.000 y los 10.000 euros y cuyo desembolso siempre se realizaba en mano y a toca teja a los intermediarios para no involucrar a los industriales.
Operación abierta
Los empresarios detenidos en Segovia son el constructor local J. P. C., de 30 años; el marroquí H. L., de 48, y P. V. U. V., ecuatoriano de 26 años. Los intermediarios arrestados en la provincia son L. U. V., de 28 años y de origen colombiano; así como tres súbditos marroquíes -M. J., de 47, A. Y., de 50, y una mujer cuya identidad responde a las iniciales F .E. B., de 41 años.
Lo otros cuatro implicados en otros puntos de España son también ciudadanos marroquíes. Se trata de M. O., varón de 36 años y vecino de Murcia; F. M., mujer de 37 años residente en Pamplona; E. H. E. Z., varón de 38 años, vecino de Torrevieja (Alicante), e Y .M., de 28 años, de Elche.
La operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevos arrestos. Además de las detenciones practicadas por la Benemérita segoviana, se ha tomado declaración a otras cuatro personas y se han redactado tres órdenes internacionales de búsqueda, detención y personación.
En el dispositivo han participado, además de la Guardia Civil, efectivos de la Sección de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que han aportado una importante ayuda para llevar a cabo algunas de las investigaciones que han dado al traste con esta trama.
La Guardia Civil anima a todos los ciudadanos extranjeros que hayan vivido una situación similar a que denuncien esta estafa y los abusos que padecen por parte de algunos empresarios.